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Democracia y progreso: Un llamado

Democracia y progreso: Un llamado

 

Por: Christian A. Aramayo A.

Históricamente, el ser humano vivió la mayor parte de su historia bajo regímenes antidemocráticos. Recién desde finales siglo XX, la democracia es el sistema político que rige sobre la mayor parte de los gobiernos del mundo, con la desaparición del colonialismo, es recién a partir de la segunda mitad del siglo XX que por primera vez en los más de 8.000 años de historia, la mayor parte de los seres humanos viven en democracia (Roser:2017).

La democracia permite la libre circulación de ideas y ello coadyuva a la eficiencia adaptativa, lo que permite flexibilidad a la matriz institucional se ajuste para resolver problemas asociados con los cambios económicos fundamentales (North:2005), mucho más ante una dinámica institucional -apuntalada principalmente por la reducción en los costes de transmisión de información- tan alta como la de la última década a nivel mundial.

La justicia, en este sentido, tiene que ser efectiva para reducir los costes de cumplimiento de contratos y la protección de las personas frente a los abusos del poder. El problema no es menor: no nos olvidemos que la Constitución es el Contrato Social; y que, por ejemplo, el simple cumplimiento de uno de sus artículos por parte un individuo que funge coyunturalmente como máxima autoridad del Estado, generó un conflicto nacional costando cifras millonarias e incluso vidas. Como afirma Laserna, este conflicto en el fondo se trata de “recuperar un sistema judicial independiente, eficaz, probo y profesional... mientras no lo tengamos, pues sospecharemos del Código Penal y de cualquier otra ley”.

 La historia económica identifica dos alternativas a los problemas del progreso económico, una por la vía autoritaria, y otra por la larga vía democrática (Idem). En ambos casos, lo determinante es el interés de los grupos políticos: si queremos acelerar el desarrollo, este interés debe apostar por promover y mantener las reformas técnica y humanamente correctas, de ahí la importancia de que nuevas generaciones (por la estructura demográfica del país) y los mejores perfiles se involucren en política.

 La vía autoritaria se caracteriza por un estricto cumplimiento de lo dispuesto en la norma y por ello un proceso acelerado crecimiento (siempre y cuando que las reformas sean de mercado) aunque con el gravísimo riesgo de atentar contra las libertades fundamentales y la vida de centenares y miles de seres humanos, como los casos de Chile, Singapur, Japón, China, Botswana y otros. Por otro lado, la vía democrática implica un proceso más inclusivo, sólido y participativo, aunque con un camino más complejo y de largo aliento, como los casos de las antiguas democracias de Estados Unidos, Inglaterra, Costa Rica y otros.

 Cabe señalar que la historia demuestra que todas las economías pueden alcanzar el desarrollo, como lo fue la Argentina de principios del siglo XX, pero tal cual ocurrió con Argentina, si las instituciones formales (normas escritas) e informales (cultura) no son sólidas, ni reducen los costes de transacción, el progreso puede volverse un mero recuerdo. Desentenderse de la política implica correr directo al fracaso como sociedad.

La actual administración gubernamental concentra su gobernabilidad sobre la figura de un individuo: “Evo es la personificación de la unificación de lo popular”, afirmó el vicepresidente. Con la importancia que tiene el cumplimiento de contratos para la historia económica, estamos claramente ante una alternativa autoritaria con una visión socialista: es decir, que va en contra de todo sentido económico, convirtiendo la última década en una década de oportunidades perdidas. La prueba más clara es el incremento de la pobreza extrema, los muertos y presos políticos, los niveles salariales -ajustados a la inflación- menores a 2004, la violación de las áreas naturales protegidas, los muertos de hambre, la bajísima productividad total de factores, y tantos otros temas que no son menores para el desarrollo sostenible.

En suma, con la importancia que tiene el cumplimiento de contratos y el sistema judicial para la progreso, ¿cómo confiar en los acuerdos de los representantes del Estado si la primera autoridad coyuntural del país -junto a su partido de gobierno- viola e ignora sin pudor alguno el Contrato Social y las leyes que juraron cumplir y hacer cumplir?

La historia nos llama a involucrarnos.

 

*La opinión del autor no constituye una posición oficial de la Fundación Nueva Democracia.

Modificado por última vez en Martes, 23 Enero 2018 20:24